JAUME SARRAMONA "¿Y QUIÉN SALE PERDIENDO?" EN PARLEM DE PEDAGOGIA

En el artículo anterior (https://bellaterradiari.cat/opinio/158579/i-ara-que-farem-amb-la-nostra-educacio), ya señalaba que, al llevar a cabo el cumplimiento de los acuerdos con los sindicatos para mejorar la atención al alumnado y afrontar el conjunto de los retos pedagógicos que plantean las escuelas más complejas, sería necesario contar con personal con formación específica, además de una evaluación de los resultados conseguidos, por supuesto.

La primera duda que, en buena lógica, puede plantearse sobre el cumplimiento de aquellos acuerdos es la existencia inmediata de personal cualificado para poder cubrir las 6.413 nuevas dotaciones estructurales propuestas en cuatro años. Porque no se trata de enviar simplemente a unos cuantos docentes más, recién titulados y sin experiencia profesional en un ámbito complejo. Sin duda, los nuevos profesionales pueden formarse, pero eso requiere cierto tiempo. Sin embargo, si no se trata simplemente de incrementar el número de plazas en el sistema, resulta absolutamente sorprendente y, al mismo tiempo, triste, que se prescinda del requisito de dominar nuestra lengua a un nivel mínimo que permita utilizarla en la escuela y con todo el alumnado. ¿Es que alguien puede pensar que el dominio del catalán no es un requisito imprescindible de profesionalidad en el ámbito educativo de nuestro país?

El Departamento de Educación ha dicho que dará un plazo de dos años a quienes ahora no puedan acreditar un nivel C de catalán y tengan la titulación que les permita figurar en la lista de interinos para las nuevas plazas previstas. Pero ¿de verdad se les negará después de dos años la continuidad del contrato de interinidad por no acreditar la formación en catalán mencionada? Y, mientras tanto, ¿el alumnado afectado se quedará sin la formación en la lengua del país, que seguramente les hace tanta o más falta que la de las demás materias? ¿Hemos olvidado cuál es la situación del catalán en nuestras escuelas, especialmente en las que acogen alumnado recién llegado?

El resultado será que muchas de las plazas que comentamos acabarán siendo cubiertas por titulados en universidades de fuera de Catalunya, donde el catalán no figura entre los requisitos de la titulación. ¿A nuestra administración no se le ocurre ninguna otra alternativa? ¿No pueden organizarse programas online y semipresenciales que permitan aprovechar todas las vacaciones de verano para obtener la formación básica en catalán y poder comunicarse en nuestro idioma en las escuelas de destino?

Si el requisito de conocer, al menos de forma básica, el idioma propio de nuestro país no se exige desde el principio, como ya he dicho antes, difícilmente podrá imponerse después sin abrir conflictos legales, como los ocurridos con las primeras oposiciones organizadas por la Generalitat de Catalunya en los años ochenta, en las que algún sindicato fue especialmente beligerante al respecto. En estos momentos, cabe suponer que los mismos sindicatos que han negociado con el Departamento de Educación entenderían perfectamente que no se puede enviar a las escuelas a personas que desconocen el catalán, cuando sabemos que nuestra lengua está en grave peligro y necesita medidas valientes y complementarias para superar esta situación.

Es fácil pensar que medidas como la falta de exigencia respecto al catalán para los profesionales de la educación son más perjudiciales que la exigencia del 25 % de las asignaturas impartidas en castellano. Si el resto de las materias se impartieran efectivamente en catalán, además de ser la lengua de comunicación habitual en las escuelas en todos los ámbitos, con toda seguridad la salud de nuestra lengua en las escuelas sería mucho mejor que la actual. Pero para conseguirlo hace falta el compromiso de todo el profesorado y la garantía, por parte de la administración, de que todos ellos tienen el conocimiento lingüístico necesario. Y eso también tiene que ver con la imagen que proyectamos como país, como nación que quiere perdurar con su propia lengua y cultura. ¿Podemos imaginar, por ejemplo, que Quebec contratara maestros para sus escuelas sin tener un nivel acreditado de dominio del francés?